El reciente asesinato de una compañera de Badajoz ha conmocionado a la comunidad de educadores y educadoras sociales y ha evidenciado, una vez más, la grave desprotección en la que nos encontramos quienes trabajamos en el ámbito de la intervención social y los servicios de acogida. Este trágico suceso no es un hecho aislado, sino la consecuencia de un sistema que ignora las condiciones laborales y la seguridad de quienes desempeñamos una labor esencial para la sociedad.
Desde el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Castilla y León (CEESCYL) expresamos nuestro profundo pesar y solidaridad con la familia, amistades y compañeros/as de la profesional fallecida. Al mismo tiempo, denunciamos la falta de medidas estructurales que permitan trabajar con seguridad, recursos adecuados y reconocimiento profesional.
UNA SITUACIÓN LÍMITE QUE NO ES NUEVA
Es inaceptable que las entidades gestoras y las administraciones públicas continúen fomentando modelos de contratación que infravaloran el papel de los educadores y educadoras sociales, primando el abaratamiento de costes por encima de la calidad de la intervención y la seguridad de los profesionales. La externalización y privatización de los servicios sociales han derivado en la consolidación de convenios que perpetúan condiciones indignas, con plantillas infradotadas, falta de recursos materiales y ausencia de medidas eficaces de prevención y protección ante situaciones de riesgo.
Demandamos actuaciones muy concretas y desde el colectivo profesional llevaremos a cabo acciones para visibilizar esta problemática, exigir cambios y defender los derechos de los educadores y educadoras sociales, denunciando ante las instancias necesarias la negligencia estructural que ha permitido que se llegue a este punto.
Por justicia. Por dignidad. Por una profesión, por educación social segura y reconocida.