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La Educación Social, una educación para el Siglo XXI, un derecho de la ciudadanía.

El Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales envió el pasado 25 de mayo un documento con aportaciones y propuestas para el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 15 de febrero, a los distintos grupos políticos que forman la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso de los Diputados, con el fin de que sea revisado y apoyen en forma de enmiendas el articulado propuesto, incorporando la Educación Social en el Sistema Educativo.

Nos encontramos una escuela cambiante en la que emergen nuevas necesidades de trabajo educativo relacionadas con la promoción de la participación, la mediación y la resolución de conflictos, la equidad como vía para garantizar el éxito y la promoción educativa y, finalmente, el desarrollo de la ciudadanía, además, el profesorado cuenta cada vez con una mayor carga de tareas y de exigencias.

Entendemos que el profesorado tiene una tarea valiosa que debe ser preservada y apoyada con el trabajo colaborativo de nuevos profesionales que los acompañen en el desarrollo de su función docente. Hablamos de profesionales ampliamente formados en intervención educativa sobre problemas sociales. Con ello ganamos calidad en la intervención y reducción del malestar docente, uno de los grandes problemas del actual sistema educativo.

Desde el 2002, diferentes Comunidades Autónomas, con diferente signo político, con realidades educativas diferentes, han apostado fuertemente por la incorporación de las educadoras y los educadores sociales a los centros educativos. Se trata por tanto de una respuesta que ayuda a construir un sistema educativo plural, diverso, que integre y entienda la diversidad como una riqueza inherente a las personas y a los centros educativos y que, por tanto, ayude a la promoción de todas y todos los alumnos, con independencia de sus características personales y sociales.

En la actualidad nos encontramos ante una situación de vulnerabilidad del principio de igualdad, recogido en el art 14 de la Constitución ya que tan solo 5 Comunidades Autónomas han incorporado a lo largo de los años a los educadores y a las educadoras sociales a los centros educativos, Castilla-La Mancha (2002), Extremadura (2002), Andalucía (2007), Islas Baleares (2010) y Canarias (2017). Los resultados han sido muy positivos en las comunidades donde se ha implementado, destacando la buena acogida y valoración que han tenido estos profesionales por parte de todos los integrantes de la comunidad educativa. La mejora en la comunicación entre los centros educativos y los servicios sociales, la prevención del acoso escolar y promoción de una cultura de paz, la reducción del abandono escolar y mejora de la promoción y titulación del alumnado en etapa obligatoria, la mejora en la relación de los centros con la comunidad y los recursos comunitarios, la mejora en las funciones del profesorado a través del asesoramiento especializado sobre aspectos sociales son algunos de los logros más destacados tras su incorporación.

Por lo que solicitamos, la incorporación de las y los Educadores Sociales al sistema educativo como una herramienta de promoción educativa y de compensación de las desigualdades en la educación mediante su inclusión en la LOMLOE, y como un derecho de la ciudadanía, demandando la Educación Social, una educación para el Siglo XXI.

Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales

27 de mayo de 2020.

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