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COMUNICADO DEL CEESCYL ANTE LA SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SOCIAL EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

COMUNICADO DEL CEESCYL ANTE LA SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SOCIAL EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

El Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Castilla y León (CEESCYL) manifiesta su apoyo al Colegio Profesional de la Educación Social del Principado de Asturias (COPESPA) en relación con el reconocimiento profesional, académico e institucional de la Educación Social en el ámbito de la Administración pública del Principado de Asturias tras la publicación de la convocatoria de 64 plazas de Titulado/a Grado Medio (Educador/a), sin exigencia específica de la titulación universitaria de Educación Social (BOPA nº 77 de 23/04/2026).

Consideramos que esta situación supone un grave retroceso para el reconocimiento profesional de la Educación Social, especialmente al no garantizar la correspondencia entre funciones, puesto y titulación específica y en un contexto en el que la propia normativa reconoce el Cuerpo de Educación Social (Ley del Principado de Asturias 2/2023, de 15 de marzo, de Empleo Público que crea, expresamente, el Cuerpo de Educación Social dentro del subgrupo A2 y que vincula dicho cuerpo a la titulación de Grado o Diplomatura en Educación Social).

En este sentido el CEESCYL muestra su rechazo a que, para el desempeño de las funciones propias de la Educación Social atribuidas a esos puestos de Educador/a, pueda presentarse cualquier persona con una titulación universitaria porque no se garantiza la calidad, profesionalidad y eficacia en los servicios dirigidos a las personas más vulnerables de la sociedad, cumpliendo con el marco legal y ético que la profesión exige. El despropósito alcanza al extremo de que la convocatoria cite expresamente , entre las titulaciones aptas para aspirar al puesto, las de Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico, ante lo que creemos que sobran las palabras.

La existencia de un cuerpo funcionarial de Educadores Sociales (como ocurre en Castilla y León) garantiza el derecho a una intervención profesional de calidad, fortalece la protección jurídica de las personas a quienes se dirigen estos servicios y evita o/y previene el intrusismo laboral, dignificando y consolidando la Educación Social y por extensión el resto de profesiones, como un pilar en la intervención socioeducativa en cada Comunidad Autónoma.

28 de abril de 2026

Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Castilla y León

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