El Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) expresa su profunda preocupación ante la situación humanitaria vivida en Ceuta, donde miles de personas, entre ellas numerosos niños, niñas y adolescentes, han arriesgado su vida para cruzar la frontera, generándose situaciones de extrema vulnerabilidad y una importante presión sobre los recursos de acogida y protección.
Como organización que representa a la Educación Social en España, el CGCEES recuerda que toda actuación pública debe situar en el centro la dignidad de las personas y el pleno respeto a los derechos humanos. Detrás de cada cifra hay personas con historias, proyectos de vida y derechos que deben ser garantizados sin discriminación.
El compromiso de la Educación Social con la justicia social, la igualdad y la dignidad de las personas nos obliga a alzar la voz ante situaciones que comprometen estos principios. Como profesión socioeducativa, tenemos la responsabilidad de promover la convivencia, proteger a las personas en situación de vulnerabilidad y contribuir a una sociedad más inclusiva.
La gestión de las fronteras y de los flujos migratorios debe desarrollarse desde el respeto a los principios humanitarios, garantizando la atención inmediata a quienes se encuentran en situación de riesgo y el acceso a los recursos de protección.
El CGCEES considera imprescindible asegurar la identificación y protección de los niños, niñas y adolescentes, la valoración individual de sus necesidades y el acompañamiento por equipos profesionales especializados que favorezcan su bienestar, desarrollo e inclusión.
Asimismo, hacemos un llamamiento a una respuesta coordinada entre las diferentes administraciones, dotando a los dispositivos de acogida de recursos suficientes y de profesionales cualificados.
El CGCEES rechaza cualquier manifestación de racismo, xenofobia o discriminación, así como la utilización de las personas migrantes como objeto de confrontación política. Ninguna frontera puede situarse por encima de la dignidad humana. La protección de la vida, de la infancia y de los derechos fundamentales debe orientar siempre la actuación de las instituciones y de la sociedad.